Esperando a Blaquier en Ledesma

Manifestación popular el viernes 18 de mayo en Jujuy. (Foto: Telam)

Las vinculaciones políticas, económicas y judiciales que permitieron al empresario huir a Europa para esquivar a la Justicia. El primer juicio por violaciones a los DD.HH. en Jujuy comenzará en julio, con cuatro ex militares acusados.

Por Fabián Kovacic (*)

"Nosotros somos la principal garantía para que Carlos Pedro Blaquier comparezca ante el juez. Esperamos 36 años para que se haga justicia y no vamos a ser tan tontos como para malograr esta oportunidad generando disturbios o agrediéndolo.” Con estas palabras indignadas Hugo Condorí, el único sobreviviente de los dirigentes gremiales de la empresa Ledesma secuestrados en vísperas del golpe de marzo de 1976, responde en Miradas al Sur a las palabras de Horacio Aguilar, el abogado defensor de Blaquier, que sostuvo que su defendido se presentaría ante el juez “sólo cuando estén dadas las condiciones de seguridad”. Mientras el empresario está de viaje por Europa, organizaciones sociales y de derechos humanos siguen movilizándose y reclamando en Jujuy su detención, para que sea investigado a raíz de su complicidad en torturas, desapariciones y asesinatos de obreros en el ingenio Ledesma durante la última dictadura militar. Para Aguilar, esas manifestaciones populares son una muestra de las escasas condiciones de seguridad para su defendido.
Blaquier está de viaje por Francia e Inglaterra presuntamente para hacerse estudios médicos a raíz de su delicada salud. Salió del país el 15 de abril. Debía declarar tres días después ante el nuevo juez federal subrogante, Fernando Poviña, que reemplazó al renunciante Carlos Olivera Pastor, un magistrado cuestionado tanto por los organismos de derechos humanos como por el fiscal general de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violación a los Derechos Humanos, Jorge Auat. Desde la anulación parlamentaria de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, no prosperó en Jujuy un solo juicio por delitos contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura. Pero Auat fue más lejos en sus precisiones: acusó al presidente de la Cámara Federal de Salta (instancia superior de la Justicia Federal jujeña), Renato Rabbi Baldi Cabanilla, de “ser el protector de Olivera Pastor” y de “feudalizar la jurisdicción judicial para que no prosperen los juicios por delitos de lesa humanidad”.
La instancia fiscal a cargo de Auat emitió varios documentos desde 2006 en los que denuncia la situación “alarmante” de la Justicia Federal jujeña que rechazó el 88 por ciento de los llamados a declaración indagatoria solicitados por los fiscales. El último rechazo producido por Olivera Pastor fue precisamente el del octogenario Blaquier el pasado 12 de marzo. Auat sabe de qué habla cuando se refiere a la feudalización judicial. Rabbi Baldi Cabanilla desembarcó en la Cámara Federal de Salta en 2009 en reemplazo del juez Ricardo Lona, acusado de tener vinculaciones con la Masacre de Palomitas ocurrida en Salta en 1976 cuando Lona era juez de primera instancia.
En 2010 Cabanilla interfirió en los trámites de allanamiento de la vivienda del represor Alejandro Marjanov, detenido en 2010, quien según la Justicia fue coautor y autor mediato en asociación ilícita, secuestros, torturas y homicidios ocurridos en el centro clandestino La Escuelita, de Bahía Blanca, donde se desempeñó como segundo jefe del Batallón de Comunicaciones 181, entre 1976 y 1978. Es que Marjanov está casado con una hermana de Cabanilla, según denunció el diario Tiempo Argentino en abril pasado.
Aguilar, el defensor de Blaquier, tambien tiene una curiosa historia. Repite, a la lejanía, la pirueta del actual abogado de Ernestina Herrera de Noble, el ex juez federal, Gabriel Cavallo, que fue el primero en declarar nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en 2001, para ser el abogado de Clarín en la investigación sobre los hijos adoptivos de la dueña del multimedio. Pese a su juventud, Aguilar fue juez federal en Jujuy, tuvo en sus manos la causa en la que se investigan precisamente las detenciones y desapariciones en el Ingenio Ledesma y antecedió en el cargo a Olivera Pastor. Es que tras su renuncia a la magistratura le cayeron dos ofertas tentadoras. Ocuparse de la suerte judicial del titular del directorio del grupo Ledesma y obtener una asesoría de parte del gobernador salteño Juan Manuel Urtubey –de quien fuera amigo adolescente– en “temas jurídicos, de administración general y derechos humanos”. Así lo señala el decreto 1261/09 del 9 de abril de 2009 y su prórroga por un año rubricada bajo el decreto 1443/10, un año después. Aguilar conoce el paño de los pasillos del poder judicial, político y económico.

Aires de justicia. El 16 de abril desde Tucuman llegó el juez federal Fernando Poviña y en poco más de un mes tomó mas medidas procesales en la causa que sus dos antecesores. “Nos parece un juez probo por la forma en que ha movido el expediente”, señala a Miradas al Sur el abogado Pablo Pelazzo querellante de los organismos de derechos humanos jujeños. “De todas maneras por las palabras de Aguilar, Blaquier piensa presentarse ante el juez cuando le dé la gana. Reclamamos dos veces la detención de Lemos y Blaquier y ya el lunes pasado solicitamos su detención internacional porque consideramos que obró de mala fe para salir del país, sin avisar al juzgado y sabiendo que iba a ser citado”, asegura Pelazzo.
El 12 de julio comenzará el primer juicio oral en Jujuy con apenas cuatro acusados: los ex militares Luciano Benjamín Menéndez, Rafael Mariano Braga, Antonio Vargas y José Bulgheroni. El testigo más importante será Hugo Condorí, único sobreviviente de la dirigencia gremial diezmada por la dictadura. La semana pasada intentaron secuestrar a uno de sus nietos que pudo zafarse de quien lo llevaba por la fuerza. “Hicimos la denuncia ante la policía, la fiscalía y el gobierno provincial y ahora tenemos custodia”, señala a Miradas al Sur.
¿Qué le imputa Condorí a la empresa Ledesma para considerar que fue cómplice de la desaparición, cárcel y asesinato de sus compañeros? “Desde la intervención del sindicato en 1975 por autorización del Ministerio de Trabajo y con la complicidad del gobernador Carlos Snopek, se produjeron hechos de represión en el ingenio en los que actuaron las policías Provincial y Federal, la Gendarmería y el Ejército, y todos utilizaron infraestructura y automóviles de la empresa para movilizarse dentro y fuera del ingenio. Todos ellos sabían”. Condorí fue detenido durante el gobierno de Isabel Perón en 1975 y permaneció preso durante la dictadura militar. “La represión llegó a Jujuy mucho antes del golpe. En 1971 ingresó al directorio de la empresa el brigadier Martínez, como era costumbre en esos años cuando se colocaba un militar en el directorio de las grandes empresas, y ya hubo acciones de inteligencia y represión sobre los obreros”, explica Condorí. Para el abogado Pelazzo la relación entre el Ingenio Ledesma y el ejército se remonta a los últimos años del siglo pasado. “Poco antes de 1890 fue el ejército el que se encargó de reclutar por la fuerza a los indígenas para trabajar como esclavos en el ingenio. Y fueron las Fuerzas Armadas las que en 1976 se encargaron de imponer por la fuerza el nuevo orden esclavo en el ingenio a instancias de la patronal encabezada por Blaquier”.
“¿Sabe qué da más bronca?”, pregunta Condorí. “Que todavía andan por ahí quienes hablan de la teoría de los dos demonios. En Jujuy nunca hubo dos demonios, ni actividad guerrillera con enfrentamientos y combates. Lo que hubo fue una defensa de parte de quienes se sintieron despojados de sus derechos. Es muy duro ver y padecer las injusticias. Y cada uno sabe cómo reacciona para defenderse con sus armas: el derecho de huelga, la protesta, una manifestación o lo que crea conveniente para hacer frente a esa serie de actos injustos que someten al pueblo.” ¿Volverá Blaquier para presenciar el comienzo del juicio en la mañana del 12 de julio?


(*) Publicado en la edición 210 del diario dominical Miradas al Sur (Argentina) el domingo 27 de mayo de 2012.-

"Explota el corazón"

35 años de las Madres de Plaza de Mayo

Por Fabián Kovacic (*)

"Cuando nos hablan de los 35 años y nos piden reflexiones... es muy difícil, tantos años, tanta pasión, tanto amor concentrado. A veces a una le parece que le explota el corazón y tiene ganas de decir gracias con mucha fuerza." En la ronda del jueves 19 de abril, Hebe de Bonafini expresaba en síntesis lo que implican casi 1.750 rondas, 30 marchas de la resistencia, 40 países visitados, toda Argentina recorrida, una veintena de libros y el reconocimiento internacional de una lucha fundadora.

De las primeras rondas con los pañales de sus hijos sobre la cabeza para identificarse en la Plaza de Mayo, cuando en pleno estado de sitio la policía las obligaba a "circular sin detenerse", queda aquel espíritu y varias madres menos. Azucena Villaflor, la fundadora marcada por Alfredo Astiz y secuestrada por un comando de la dictadura, fue el primer símbolo. Desde 1977 transcurrieron seis años hasta que la democracia las reconoció en 1983. Muchas de ellas pasaron por el juicio a las juntas militares en 1985 con la esperanza de justicia. Tras la condena de los jerarcas la esperanza empezó a apagarse con las leyes alfonsinistas de punto final y obediencia debida. Resistieron ese embate y los levantamientos carapintadas que reclamaban la libertad de los genocidas condenados.

En 1986 las Madres sufrieron una ruptura y quedó la Asociación, encabezada por Bonafini, de un lado, y Madres Línea Fundadora, con Nora Cortiñas, del otro. Sin embargo, pese a las diferencias mantuvieron el histórico reclamo de "aparición con vida" con el mismo sentido de aquel 30 de abril cuando decidieron organizarse.

En la década de 1990 llegaron los indultos firmados por Carlos Menem. La acción del juez español Baltasar Garzón procesando a los genocidas en España devolvió la esperanza de poder hacer justicia, aunque fuera en el exterior. Pasaron los presidentes Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde sin pena ni gloria, trabando toda posibilidad de caminar en ese sentido. Con la llegada del kirchnerismo las cosas cambiaron.

"Estamos orgullosas de nuestra presidenta porque es mujer y representa a la generación de nuestros hijos por sus ideales y su lucha. Está claro que ya el enemigo no está en la Casa Rosada", asegura Hebe de Bonafini. Desde 2003, con la asunción de Néstor Kirchner, la lucha de las Madres empezó a ser reconocida y por primera vez ocuparon un lugar en los actos oficiales.

"Desde que en agosto de 2003 se anularon las leyes de obediencia debida y punto final para permitir la vuelta de los juicios a los genocidas, hay que reconocer que hubo un fuerte cambio en las políticas de derechos humanos desde el Estado. Y eso se lo debemos a la lucha de los organismos pero también a la decisión de este gobierno", señala Taty Almeida, de Madres Línea Fundadora.

En 35 años las Madres participaron en movimientos y luchas que excedieron la reivindicación original. Acompañaron los reclamos de docentes y desocupados durante el gobierno de Menem, apoyaron la creación de nuevos sindicatos, como el de los trabajadores del subterráneo, y señalaron las falencias oficiales frente a la lucha de los pueblos cordilleranos contra la megaminería, los reclamos de campesinos desalojados de sus tierras frente al avance de la soja y las empresas forestales. "Siempre apoyamos al gobierno en sus buenas medidas pero también señalamos lo que nos parece una violación a cualquier derecho humano, como el trabajo, la falta de vivienda, la tierra y la educación", dice Cortiñas.

Hubo también cosas feas en estos años, como el caso Shocklender. El último jueves Hebe de Bonafini cerraba su discurso con una declaración de principios. "Hablemos de las cosas lindas, en las que fuimos capaces de participar con nuestro pueblo, acompañando a fogoneros, piqueteros, a las tomas de fábricas. Esos son los 35 años de las Madres. Nunca nos quedamos, nunca nos callamos. Siempre estuvimos en el mismo lugar, siempre defendimos a nuestra clase por la cual vamos a seguir luchando."

(*) (Publicado en la revista BRECHA (Uruguay) en la edición 1379 del viernes 27 de abril de 2012.-)

La joya que vuelve

La recuperación de YPF en Argentina

Por Fabián Kovacic (*)

Las repercusiones en Uruguay de la recuperación del control estatal de ypf pendularon entre el apoyo al vecino del presidente Mujica y el llamado a la asepsia de Asamblea Uruguay. Enrique Rubio y Daniel Martínez pusieron el acento en el manejo estratégico de los recursos energéticos. Esta cobertura comienza con una crónica de la medida y sus bemoles en el interior del sistema político argentino, a la vez que repasa la trayectoria de una empresa que transitó del desarrollismo a la renacionalización, pasando por el paréntesis menemista.

"Vendieron las joyas de la abuela y como ya se han acabado, están por vender los muebles, los cuadros, la casa y hasta la abuela misma", fue la frase con que el ex presidente Raúl Alfonsín criticó las privatizaciones del menemismo. Ahora ypf, una de las joyas vendidas en ese período, vuelve al redil mediante una recompra estatal. Tras el anuncio de la presidenta Cristina Fernández el lunes pasado sobre la "recuperación" del 51 por ciento de las acciones a favor del Estado en la petrolera más importante del país, todos los mecanismos institucionales se aceleraron para cerrar en pocos días las cuestiones legales.

El proyecto de ley declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de la española Repsol dentro de ypf. De ese total, el 49 por ciento irá a manos de las provincias y el resto estará en manos del Estado. A partir de ahora el Estado quedará con la mayoría accionaria; el grupo Petersen, controlado por Enrique Eskenazi –un amigo de Néstor Kirchner– conservará el 25,46 por ciento; un 17,09 por ciento lo tendrán pequeños inversores, y algo más del 5 por ciento Repsol.

ypf es la mayor empresa en Argentina y la principal en el mercado petrolífero local, con 34 por ciento de la producción de crudo y 58 por ciento de la refinación y comercialización.

Cristina Fernández cuestionó la falta de inversión de la firma y de controles sobre su funcionamiento en los últimos años para explicar su medida. Recordó la importación de gas y combustibles en 2011 por montos superiores a los de la propia producción nacional. "Es inadmisible", sentenció. Fue por ese lado que le llovieron los cuestionamientos, al tomarse en cuenta sólo a Repsol y no avanzar sobre las acciones del grupo Petersen, ni reconocer errores sobre la fiscalización estatal de la empresa incluso bajo los gobiernos K.

Repsol logró de inmediato la solidaridad del gobierno conservador español de Mariano Rajoy, quien ya anunció que habrá represalias. "Argentina se ha dado un tiro al pie", sentenció el canciller José María García Margallo. Detrás de él avanzó toda la Unión Europea, que envió una delegación a Argentina. Uno de los reclamos en puerta tiene en cuenta la situación de la empresa de energía eléctrica Edesur y de las gasíferas Metro Gas y Gas Natural Ban, sancionadas por incumplir programas de inversión pautados en los contratos originales firmados en tiempos de Carlos Menem y renovados por Néstor Kirchner. "No vamos a reconocer el valor de las acciones que imponga el gobierno argentino", salió al cruce Antonio Brufau, titular de Repsol, desestimando de antemano el futuro dictamen del Tribunal de Tasación de la Nación, responsable último de fijar el monto que el Estado pagará a la firma española, un trámite administrativo que puede llevar varios meses. Repsol anunció que no se bajará de los 10 mil millones de dólares y que llevará a cabo acciones legales a fin de "preservar el valor de todos sus activos y los intereses de sus accionistas", haciendo mención al tratado de protección de inversiones firmado entre España y Argentina en los años noventa. Con ese argumento iniciarán una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (ciadi), un instrumento del Banco Mundial que por lo general falla a favor de las empresas y contra los estados en este tipo de litigios.

PREMURA. Apenas la mandataria anunció su decisión, el proyecto de ley ingresaba al Senado y el decreto de necesidad y urgencia que nombra al ministro de Planificación Julio de Vido como interventor y al viceministro de Economía, Axel Kicillof, como viceinterventor, ingresaba en Diputados. La premura en avanzar en el Parlamento con ambas medidas apunta a cerrar todos los frentes legales y políticos en el menor tiempo posible, no sólo para evitar problemas internos sino, y especialmente, ante los embates internacionales. Para el oficialismo todo debe quedar aprobado el 3 de mayo, según los tiempos parlamentarios.

El Senado se tomó toda esta semana para llegar a dictamen en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Minería, Energía y Combustibles, y de Presupuesto. El pleno de la Cámara lo abordará el miércoles 25. Según el titular del bloque kirchnerista Miguel Pichetto, votarían a favor 60 de los 72 senadores.

Diputados –con mayoría oficialista– recibirá el proyecto con media sanción a fin de la semana próxima, y con mayorías aseguradas debería llegar sin problemas al miércoles 3 de mayo con la ley sancionada y lista para que Cristina Fernández la promulgue esa misma semana.

Buena parte de la dirigencia política se mostró favorable a la recuperación de la histórica "joya de la abuela". En el Congreso cuenta con el apoyo de los partidos que integran el Frente Amplio Progresista. El diputado nacional Fernando "Pino" Solanas, favorable desde siempre a la reestatización de ypf, calificó la medida del gobierno como "trascendente para todos los argentinos de cualquier condición o pertenencia partidaria porque se da vuelta la página de una historia nefasta que comenzó con la privatización". Pero agregó que "el compromiso y desafío futuro será hacer una empresa ciento por ciento pública, nacional y federal con control social".

Dentro del bloque parlamentario de la Unión Cívica Radical la cuestión es más compleja: el primer presidente radical, Hipólito Yrigoyen, fue un propulsor de la actividad petrolera estatal y su sucesor, también radical. Marcelo Torcuato de Alvear, apenas asumió la presidencia en 1922 creó ypf como una empresa estatal. En tiempos de Carlos Menem fueron sin embargo los radicales quienes facilitaron la reforma estatal que incluía la privatización de ypf. Y ya en tiempos del kirchnerismo su postura opositora los llevó a criticar la recompra de Aerolíneas Argentinas y la recuperación del sistema de previsión social, con una sobreactuación que los dejó mal parados ante la opinión pública. Ahora la bancada radical apoyaría en general el proyecto de expropiación pero haría reclamos sobre la falta de controles estatales. Quien se adelantó a rechazar la expropiación fue el derechista pro, de Mauricio Macri, muy cercano al Partido Popular gobernante en España. Julián Obiglio, un joven diputado del pro, reclamó al gobierno "un sinceramiento para dejar en claro si queremos un modelo comunista como el venezolano y el boliviano o buscamos un ingreso serio al mundo con reglas claras y seguridad jurídica".

La izquierda sin representación parlamentaria celebró también la medida del gobierno, pero al mismo tiempo reclamó la expropiación sin indemnización y cuestionó al kirchnerismo por sus posturas privatizadoras del pasado.

BEMOLES. En los apoyos cosechados por el kirchnerismo hay de hecho varios matices. El diputado Claudio Lozano, economista e integrante del Frente Amplio Progresista, señaló que "parece importante que el 51 por ciento de las acciones que ahora recupera el gobierno queden en manos estatales y no que en un futuro puedan ser entregadas a empresas privadas". También cuestionó la imposibilidad parlamentaria de controlar y fiscalizar la empresa. "No se modificó el marco regulatorio planteado por la ley de hidrocarburos y por lo tanto sólo el Poder Ejecutivo tendrá intervención en el control empresario, y eso no nos garantiza que los dividendos de la nueva ypf no sean usados para subsidiar la importación de hidrocarburos." Lozano, como los diputados radicales, apunta a la necesidad de establecer controles estatales amplios sobre la empresa a partir de ahora. "El problema es que como ypf sigue siendo una sociedad anónima, como figura jurídica no admite los controles de la Auditoría General de la Nación. Y como no se modificó el marco regulatorio de la actividad petrolera, a la falta de controles hay que sumarle la imposibilidad de evitar nuevas concentraciones privadas en áreas de explotación que ingresen vía ypf y en poco tiempo tengamos a otro equivalente de Repsol." El radical Gustavo Callejas, subsecretario de Energía en tiempos de Alfonsín, coincidió con el economista progresista.

La intervención será por 30 días, tiempo suficiente para convertir en ley la nueva figura de ypf. Por eso no llamó la atención que Julio de Vido, el ministro con mayor poder dentro del gabinete, fuera nombrado interventor y el joven economista de La Cámpora, el movimiento juvenil que dirige Máximo Kirchner, como su segundo. Fueron ellos quienes trabajaron en dos proyectos alternativos para recuperar la petrolera desde mitad del primer mandato de Cristina Fernández. A fines del año pasado, en una reunión entre el gobierno nacional y los mandatarios de provincias petroleras se decidió una estrategia común para reclamar a Repsol por la falta de inversiones. A partir de febrero, Chubut, Santa Cruz, Mendoza, Salta y Neuquén fueron anunciando escalonadamente la recuperación estatal de pozos en manos de Repsol-ypf por la merma en la producción de petróleo y gas. A comienzos de marzo el gobernador chubutense, Martín Buzzi, anunció la creación de una empresa pública para hacerse cargo de la explotación petrolera en su provincia.

En respuesta a esta ofensiva desde el Estado argentino, fue el propio presidente de Repsol, Antonio Brufau, quien anunció un plan de mejoras en las inversiones en el país, un tácito reconocimiento de casi 12 años de inacción. Pero los tiempos se precipitaron y los proyectos de "recuperación" empezaron a ser un secreto a voces hasta el lunes 16, cuando el anuncio oficial cerró el ciclo iniciado por Menem. Las denuncias de irregularidades y corruptelas sobre el manejo del desmembramiento del Estado en los años noventa, con las privatizaciones y reformas políticas que las permitieron, incluyeron a la propia Repsol. Pero también durante el gobierno del radical Fernando de la Rúa se cocieron habas. Seis legisladores fueron denunciados en esos años por recibir sobornos para que votaran la ley de hidrocarburos. El legislador peronista por Salta Emilio Cantarero anunciaba por entonces a compañeros de bancada: "Hay plata desde España para aprobar la ley, un empresario ya hizo las gestiones". La ley de hidrocarbuos favorecía los intereses de Repsol en Salta y Neuquén, dos de las provincias petroleras con mayor cantidad y calidad de pozos. Esta semana Repsol no sólo se quedó sin su mayoría accionaria sino que además deberá enfrentar casi una docena de reclamos provinciales por daños ambientales por la exploración y explotación de cuencas petrolíferas en Neuquén, Santa Cruz y Río Negro.

La región y China

Cristina Fernández puede vanagloriarse de los apoyos, más o menos explícitos, recibidos de parte de varios de sus pares de la región. Sobre todo del venezolano Hugo Chávez, el ecuatoriano Rafael Correa y la brasileña Dilma Rousseff. Evo Morales fue algo más cauto: se trata de un problema entre Argentina y Repsol, una empresa con la cual La Paz mantiene buenos vínculos, señaló Morales, que en el pasado mantuvo serios enfrentamientos con la empresa española pero llegó a un acuerdo de convivencia tiempo después. Chile y Colombia fueron los más críticos con la medida argentina, en la misma línea que la defendida por Estados Unidos de tratar "al petróleo como un commodity más" y no como un bien estratégico. "La soberanía energética regional es una meta posible y nuestras acciones van en ese sentido", anunció Julio de Vido durante su exposición ante el Senado el martes pasado.

Con todo, y más allá de los acuerdos regionales en este tema, desde 2007 China es uno de los principales interesados en desembarcar en el país para la explotación petrolera y específicamente en ypf. La Petrochemical Corp del Sinopec Group de China estaba en negociaciones con Repsol desde 2007 para comprar la participación mayoritaria de la petrolera española en ypf, según reveló por estos días el diario El Cronista Comercial. De hecho ya habían alcanzado un acuerdo no vinculante para comprar el paquete en unos 15 mil millones de dólares. Sinopec ya opera en el país, produciendo en Santa Cruz y Mendoza y controlando 6,6 por ciento de la oferta nacional de crudo y 1,7 por ciento de la de gas.

En junio de 2004 el entonces presidente Néstor Kirchner hizo una visita a China en la que firmó junto a su par Hu Jintao acuerdos comerciales en los que figuraban inversiones orientales millonarias en Argentina. Se habló de casi 50 mil millones de dólares.

Ahora De Vido pretende que aquel acuerdo y la negociación entre Petrochemical y Repsol confluyan en este nuevo escenario. Desde la gestión del canciller Jorge Taiana, continuada por Héctor Timermann, las relaciones exteriores argentinas iniciaron una etapa en la que el bloque conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (brics) pasó a ser una variante a las relaciones carnales con Estados Unidos y las comerciales con la vieja Europa. En el gobierno son varios los que piensan en esta oportunidad para formalizar con China una megacooperación energética. Para eso habrá que esperar los números que arroje la intervención en ypf. Recién entonces se abrirá una nueva negociación para alentar a los inversores. 

(Publicado en la edición 1378 de la revista BRECHA (Uruguay) el viernes 20 de abril de 2012.-)

Los buenos y los malos en el modelo K

La pesada interna oficialista en Argentina

Por Fabián Kovacic (*)

Los enfrentamientos y ajustes de cuentas internos en el kirchnerismo han costado la cabeza a un histórico del peronismo de izquierda, Esteban Righi, y pueden hacer peligrar la continuidad del juez federal Daniel Rafecas, que tiene a su cargo algunos de los casos más notorios de violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura.

De héroes a villanos pasaron a convertirse el fiscal general Esteban Righi y el juez federal Daniel Rafecas cuando la semana pasada el vicepresidente Amado Boudou los denunció por ser parte, según dijo, de una ofensiva mediática para perjudicarlo. Las reacciones fueron inmediatas: Righi presentó su renuncia al cargo que desempeñaba desde 2004 como procurador general de la nación y Rafecas deberá defenderse ante el Consejo de la Magistratura en caso de prosperar la denuncia en la que lo acusa de mal desempeño como funcionario judicial.

Durante una conferencia de prensa en el Senado, Boudou buscó despegarse de las denuncias por tráfico de influencias que investiga Rafecas en la causa por la impresión de billetes de cien pesos otorgada a Ciccone Calcográfica, una empresa recuperada de la quiebra en 2010 con facilidades de parte del Estado y en manos de un amigo del vicepresidente (véase la edición pasada de Brecha). Boudou señaló que en 2009 lo visitaron emisarios del estudio jurídico donde trabaja como socia la esposa de Righi, Ana María García, para ofrecerle sus servicios de lobby vaticinándole un futuro con dificultades judiciales. "En ese momento no le di importancia, pero ahora me doy cuenta a qué se referían", ironizó. También cargó duro contra el juez Rafecas, a quien acusó de tener "una agencia de noticias basada en periodistas amigos" que acudieron al allanamiento sorpresivo de un departamento del vicepresidente en Puerto Madero. Boudou dijo que Rafecas había actuado con parcialidad, y mostró una serie de mensajes de correo electrónico intercambiados entre un abogado querellante en la causa y el propio magistrado. El juez admitió el intercambio de mensajes, reconoció haberse excedido en la confianza con su interlocutor pero negó haber violado norma judicial alguna en el tratamiento del caso.

Para el vicepresidente se trata de una ofensiva mediática a la que no es ajeno el grupo Clarín y su socio menor el diario La Nación.

"Esto no hubiera pasado si Néstor Kirchner viviera. Para que se entienda: Righi es un viejo elefante dentro del peronismo y Boudou apenas una hormiga", señaló a Brecha un ex ministro K.

Más allá de las especulaciones, lo cierto es que un recién llegado al redil kirchnerista como Boudou se cargó nada menos que al funcionario emblemático del peronismo setentista que Néstor Kirchner decía reivindicar. Esteban Righi fue ministro del Interior durante el breve gobierno de 49 días de Héctor Cámpora en 1973. Fue autor del decreto que amnistió a 374 presos políticos de la dictadura del general Alejandro Lanusse y de un discurso en la sede de la Policía Federal en la que conminaba a los agentes a "dejar de reprimir al pueblo", cuando ya la Triple A estaba enquistada en la fuerza de seguridad. Eso lo eyectó al exilio poco después de la muerte del general Perón, cuando su nombre apareció en las listas negras de la Triple A. Treinta años más tarde desembarcó en el gobierno de Néstor Kirchner como procurador general y su esposa e hijo defendieron con éxito al entonces presidente y su esposa Cristina Fernández, al ministro Julio de Vido y a los secretarios de Comercio y de Medio Ambiente, Guillermo Moreno y Romina Piccolotti, acusados de corrupción. La firmeza de Righi en su cargo permitió crear unidades específicas de investigación no sólo en delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar, sino por lavado de dinero y tráfico de personas.

Daniel Rafecas, a su vez, ingresó como juez federal propuesto por el gobierno de Néstor Kirchner en 2004 y sus investigaciones por delitos de lesa humanidad en los casos Automotores Orletti y Primer Cuerpo de Ejército le valieron el reconocimiento de sus colegas, organismos de derechos humanos y el propio gobierno nacional. Fue quien tomó finalmente la causa por los sobornos en el Senado cuando la nueva ley de flexibilización laboral, heredada de los tiempos de la presidencia de Fernando de la Rúa, y la más reciente causa por las irregularidades en la venta de Papel Prensa a Clarín en tiempos de la dictadura militar. Todo cambió hace dos semanas cuando estalló el escándalo Boudou. Ahora el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Hernán Ordiales, tomó en cuenta la denuncia de Boudou y pretende que el organismo judicial investigue "la presunta parcialidad" de Rafecas en el caso.

La presidenta Cristina Fernández aceptó inmediatamente la renuncia de Righi y ya designó a Daniel Reposo como su candidato para remplazarlo. El hombre viene desempeñándose en la Sindicatura General de la Nación, una instancia de control y fiscalización del resto de las áreas del Estado. La designación de Reposo deberá contar con el aval de dos tercios del Senado, que decidió tratar el tema a mediados de mayo. El oficialismo tiene mayoría propia en ese cuerpo pero le faltan por lo menos siete votos para imponer al candidato. La oposición parlamentaria no sólo reconoce la labor de Righi sino que ya puso el grito en el cielo por la designación de Reposo. "Es un amigo del poder y será la pata K entre los fiscales para domesticarlos", señaló la diputada Patricia Bullrich (Unión por Todos). Todo indica que el vicepresidente inició una ofensiva para ganar espacio en el gobierno y convirtió una crisis en una oportunidad.

La sucesión de Duhalde en la Secretaría de Derechos Humanos

Un lugar sensible para Cristina

El fallecimiento del secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde, un histórico e indiscutido emblema en la lucha contra la dictadura, el martes 3, dejó un vacío complejo en un área sensible para el gobierno y donde los candidatos hacen cola para ocupar el cargo. El más firme, y casi seguro, es el abogado cordobés Martín Fresneda, ligado desde sus comienzos a la agrupación hijos en su provincia y responsable de buena parte de las querellas contra el terrorismo de Estado sustanciadas allí. Tiene 38 años, egresó de la Universidad Nacional de Córdoba y es desde noviembre de 2011 titular de la regional Córdoba de la Administración Nacional del Seguro Social, una de las principales patas de la política social del gobierno de Cristina Fernández. Fue abogado querellante, en nombre de hijos y de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas en Córdoba, en las causas contra Luciano Menéndez, el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, y Jorge Videla, y en el juicio por la masacre de Capilla del Rosario, cuando 16 guerrilleros del erp fueron fusilados en Catamarca en agosto de 1974. Entre ellos había dos uruguayos, Hugo Cacciavillani y Rutilio Betancourt. Su paulatina incorporación al proyecto político del gobierno nacional, primero como apoderado legal del Frente para la Victoria en la provincia, le valió a Fresneda ser candidato a diputado nacional en las últimas elecciones.

Fresneda tiene una historia de vida golpeada directamente por la dictadura militar. Sus padres, Tomás Fresneda y María de las Mercedes Argañaraz, fueron dos de los 11 secuestrados en la segunda semana de julio de 1977 en la ciudad de Mar del Plata en el hecho conocido como "la noche de las corbatas", que tuvo como víctimas mayoritariamente a abogados laboralistas. María de las Mercedes estaba embarazada de cuatro meses cuando desapareció y su bebé podría ser hoy uno de los jóvenes cuya identidad fue robada. Martín fue criado por su abuela materna, Otilia Lescano de Argañaraz, una abuela de Plaza de Mayo fallecida en 2005.

La propuesta para hacerse cargo de la Secretaría de Derechos Humanos llegó directamente de Carlos Zaninni, secretario legal y técnico de la presidencia y hombre fuerte del entorno de Cristina Fernández, de mejor relación con agrupaciones juveniles ligadas al kirchnerismo que con los organismos de derechos humanos.

Fresneda no quiere hablar sobre su posible desembarco en la Secretaría de Derechos Humanos. "Me parece una falta de respeto hacer circular nombres cuando Eduardo Duhalde, un amigo, acaba de fallecer. Han hablado conmigo pero la decisión es de la presidenta. Todavía nadie me confirmó nada y yo estoy trabajando duro en el Anses de Córdoba", dijo a Brecha en diálogo telefónico el miércoles 11. Sin embargo, fuentes de organismos como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, el cels, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga por los Derechos del Hombre coinciden en el perfil ideal de Fresneda. El desafío para quien asuma la nueva conducción del área no será sencillo, teniendo en cuenta que la presidenta Fernández anunció entre sus prioridades en este segundo mandato lograr el cierre de los juicios por delitos cometidos durante la dictadura militar para "dar vuelta esta página de la historia argentina". En esa perspectiva, será fundamental el trabajo que se pueda hacer desde la secretaría.

(Publicado en la edición 1377 de la revista BRECHA (Uruguay), el viernes 13 de abril de 2012.-)

Un aula para María Esther Gilio y un premio para Jakobskind

"Los periodistas tenemos conocimientos de la vastedad de un océano y la profundidad de un charco". Con esa frase María Esther Gilio solía responder a los estudiantes de periodismo que se interesaban por el amplio registro de temas abordados en sus entrevistas. Hace diez días la escuela de periodismo Taller Escuela Agencia (tea) de Buenos Aires bautizó con su nombre un aula de la escuela como homenaje a la trayectoria de nuestra entrañable compañera. tea inició su actividad docente hace 25 años y en 1988 instituyó el premio Al Maestro con Cariño, un reconocimiento a la trayectoria de los maestros periodistas. Esa primera tanda incluyó a María Esther Gilio junto con Homero Alsina Thevenet y Hermenegildo Sábat, entre los uruguayos distinguidos. Ahora que un aula lleva su nombre "la Gilio" ya sentó cátedra en ambas orillas del Río de la Plata.

En el otro gran vecino, Brasil, nuestro corresponsal Mário Augusto Jakobskind fue distinguido con la medalla Chico Mendes de Resistencia en la categoría Periodismo. El premio es concedido hace más de veinte años por el grupo Tortura Nunca Mais, con apoyo de varias organizaciones sociales.

(Publicado en la edición 1377 de la revista BRECHA (Uruguay) el viernes 13 de abril de 2012.-)

A 30 años de la guerra de Malvinas

Tres décadas después de la invasión a las islas decidida por la dictadura comandada por el general Galtieri, "Malvinas" sigue siendo una herida abierta en la historia argentina. O tres. Más allá de la justicia del reclamo de la soberanía sobre el archipiélago y de la reivindicación anticolonialista, el tema se ha prestado para todas las manipulaciones políticas y la explotación a ultranza del nacionalismo. La guerra fue, fundamentalmente, una gran estafa, a la que se prestaron tirios y troyanos.

Por Fabián Kovacic (*)

Fue a comienzos de este año que una nueva escalada por el tema Malvinas se produjo entre los gobiernos argentino e inglés. El primer comunicado oficial de la cancillería argentina de 2012 inició un toma y daca que hasta ahora no ha parado entre la administración de Cristina Fernández y el equipo del primer ministro británico David Cameron. El 2 de enero el canciller Héctor Timermann reiteró el reclamo por la soberanía argentina sobre las islas, precisamente el día en que se cumplían los 179 años de la ocupación británica del archipiélago. El recuerdo sirvió entonces a Cameron para responder por enésima vez con una negativa y anunciar el envío de buques de guerra a la zona, e incluso arribó a las islas el príncipe Guillermo para cumplir allí con su servicio militar.

Se sabe que el gobierno de Cameron está jaqueado desde fines del año pasado por reclamos populares frente a la crisis económica y financiera que aqueja a Europa. En ese clima la respuesta británica al reiterado reclamo argentino era previsible. "La negociación está fuera de cuestión, igual que la soberanía", fue el grito de guerra de Cameron. Peter Lee, un experto británico en temas de política exterior, considera que para Cameron la disputa en torno a Malvinas "es muy conveniente para distraer la atención de problemas internos, como el aumento del desempleo y la caída del nivel de vida. Es cierto también que renunciar a la soberanía de las Falklands sería equivalente a un suicidio político por el costo en vidas y dinero que exigió la recuperación de las islas en 1982". Lo mismo que Lee dijo respecto al gobierno británico, un grupo de intelectuales argentinos opositores al kichnerismo, nucleados bajo el nombre Plataforma 12, lo sostienen respecto del gobierno de su país. Uno de ellos, el historiador Luis Alberto Romero, dijo semanas atrás a Brecha (2-III-12) que la administración de Cristina Kirchner "ha elegido poner en actividad el tema para desviar la atención de otros más sustantivos, como todo el reajuste de la política de subsidios a los servicios públicos después del triunfo electoral". Pero no tuvieron mucho eco estos intelectuales, ni siquiera en filas de la oposición. Malvinas, en Argentina, unifica a tirios y troyanos bajo el paraguas de lo que se presenta como una causa nacional.

COMO EN EL 82. Un escenario similar al actual se planteaba el año del inicio de la guerra, a un lado y otro del Atlántico. La dictadura argentina encontró hace tres décadas en la "recuperación de las islas" una válvula de escape a una situación interna que se complicaba cada vez más, con las movilizaciones sociales por "paz, pan y trabajo" que estallaban tras seis años de políticas de ajustes y de represión. En Gran Bretaña, a la dama de hierro Margaret Thatcher, que también enfrentaba una ola de reclamos sociales producto de su política de desregulación y liberalización extrema, la aventura de los generales argentinos le vino como anillo al dedo. Para el dictador Leopoldo Galtieri, como para Thatcher, la guerra fue una oportunidad de reacomodar sus líneas internas en busca de remendar una imagen maltrecha.

SE EQUIVOCÓ EL HALCÓN. Hubo un mal cálculo por parte de los militares argentinos: pensaron que Estados Unidos los apoyaría. Creían que el hecho de estar entre los más fieles aliados de Washington en la región les sería redituable. Un año antes de la guerra, un documento secreto del equipo de asesores del presidente Ronald Reagan revelado durante el Encuentro Latinoamericano de Intelectuales celebrado en La Habana consideraba a Argentina como "el ancla del hemisferio occidental en el Atlántico Sur" y subrayaba la necesidad de consolidar los "lazos estratégicos con Buenos Aires". Militares argentinos eran utilizados además por Estados Unidos en América Central para adiestrar a sus pares centroamericanos en técnicas de lucha "antisubversiva". La visita del secretario de Estado, Alexander Haig, a Buenos Aires en plena guerra fue vista por la junta comandada entonces por Galtieri como una guiñada de Washington al régimen. Olvidaban los militares criollos que si Estados Unidos tiene relaciones carnales con un país no es precisamente con un Estado perdido en el sur del mundo sino con la pérfida Albion, con quien forma el núcleo central de la otan.

POST. Las secuelas de la guerra intentaron ser revertidas por el gobierno democrático de Raúl Alfonsín, que buscó la mediación en el conflicto de países europeos y devolvió el reclamo argentino a los foros internacionales, con el respaldo del Comité de Descolonización de la onu, que alentó "el diálogo abierto en torno de la soberanía" por parte de ambos gobiernos Después llegaron otras resoluciones instando a Gran Bretaña a sentarse a dialogar, sin éxito.

En los años ochenta los analistas internacionales insistían en que la llave maestra de la solución al conflicto la tenía Washington, por la prioridad que concedía entonces al Atlántico sur, que lo impulsaría a buscar un entendimiento entre sus dos aliados bajo su propia tutela. Estados Unidos aspiraba, según esa visión, a asegurarse el dominio de un archipiélago que le garantizaba el control de tres vías interoceánicas australes (Estrecho de Magallanes, Canal de Beagle y Pasaje Drake), las riquezas hidrocarburíferas y gasíferas en la plataforma submarina, el acceso a las reservas de agua dulce que representa la Antártida y las riquezas pesqueras de la región. "Londres sólo tendría una copia de la llave como albacea de su socio mayor en la otan", afirmaba en 1984 la revista El Periodista, cercana al alfonsinismo.

En ese esquema de entente a tres, Washington era el que sacaba la mejor tajada. Cinco años antes de la guerra, recién instalada la dictadura en Buenos Aires, el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz había planteado tanto en Washington como en Londres la necesidad de un trabajo conjunto entre los tres países para explotar las riquezas minerales en la zona, lo que incluía de ser necesario la privatización de la estatal argentina ypf.

Pero nunca Gran Bretaña entró en ese juego, ni Washington insistió demasiado para forzarla. Quien más operó en esa dirección, después de los militares, fue el gobierno de Carlos Menem, quien por un lado apostó a una "política de seducción" hacia los kelpers para que reclamaran ser ciudadanos argentinos y por otro apostó a la carta washingtoniana a partir de su política de "relaciones carnales" con Estados Unidos. Fracasó en los dos terrenos.

Ahora, en un contexto en el que los vínculos bilaterales con Estados Unidos son todo menos carnales y en que Washington no pesa lo que pesaba dos o tres décadas atrás, Cristina Fernández ha optado por la latinoamericanización y tercermundización del conflicto. La diplomacia K tiene desde 2003 un punto a su favor: la modificación del escenario internacional. El tablero político latinoamericano es sustancialmente diferente al de dos décadas atrás y Argentina ha logrado que su reclamo de soberanía sea apoyado por sus socios del Mercosur y sus aliados de la Unasur. Y le dio alas a España para volver a la ofensiva contra Gran Bretaña en los foros internacionales por su reclamo de soberanía sobre el peñón de Gibraltar, la última posesión colonial en la propia Europa. El canciller Héctor Timermann recorrió en los últimos dos meses una docena de países en todo el mundo, y en cada intervención hizo el planteo de soberanía en busca de apoyos. Hasta el diario londinense The Times reprodujo una nota suya y la de un ex corresponsal británico en Argentina dándole la razón al reclamo argentino.

Informe Rattenbach

El gobierno argentino acaba de desclasificar y hacer públicos los documentos que la dictadura pretendía secretos acerca de la Guerra de las Malvinas. El 25 de enero Cristina Fernández firmó el decreto para que una comisión, integrada por los ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores y representantes de las tres fuerzas armadas, analice el llamado Informe Rattenbach, elaborado por orden de la última junta militar ya en retirada, que en busca de oxígeno quería transparentar las responsabilidades militares en la conducción de la guerra iniciada el 2 de abril de 1982. A fines de 1982 el teniente general Benjamín Rattenbach elevó al dictador Reynaldo Bignone un informe donde se establecían fuertes críticas a los responsables de "la aventura militar". El documento es lapidario para los mandos, por su conducción de la guerra y su actitud hacia los soldados que pelearon en ella, y puede servir de base para enjuiciar a los oficiales a cargo por eventuales delitos de lesa humanidad.

(*) Publicado en la edición 1376 del semanario BRECHA (Uruguay), el viernes 30 de marzo de 2012.-

Las ramificaciones empresariales y religiosas

Juicio por robo de bebés en Argentina

Por Fabián Kovacic (*)

Cincuenta años de prisión para el dictador Jorge Videla y su traslado de la prisión militar de Campo de Mayo a una cárcel común pidieron la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y la abogada Alcira Ríos en el juicio por apropiación de menores durante el último gobierno militar. Videla no es el único imputado: los marinos Juan Antonio Azic, Jorge Acosta, Antonio Vañek, Víctor Gallo y Oscar Franco; los generales del ejército Benito Bignone y Santiago Riveros, el médico Jorge Magnacco y la civil Susana Colombo, esposa de Gallo, también son juzgados y las querellas pidieron para ellos penas que van de diez a 25 años. La semana próxima continuará el juicio con la palabra de los jueces y probablemente con el descargo de los acusados, si deciden aceptar esa posibilidad.

Pasaron 35 años de reclamo y 14 desde que las Abuelas lograron demostrar ante los tribunales que el delito de apropiación de menores no prescribía, para llegar a esta instancia. Ahora la oportunidad histórica estriba en que el tribunal incluya en la sentencia la mención al plan premeditado por la cúpula militar gobernante de secuestrar bebés para quitarles su identidad, como lo reclaman los abogados de Abuelas, Alan Iud y Mariano Gaitán, ya que durante el juicio a las juntas, en 1985, esa conclusión no figuró en el fallo de los jueces. Las investigaciones de Abuelas mediante las cuales se lograron recuperar las identidades de 102 jóvenes cuyas familias fueron secuestradas durante la dictadura aumentaron las pruebas contra los imputados y permitieron ampliar investigaciones.

De hecho, el juicio de 1985 llegó a establecer como delito el robo de bienes a los detenidos desaparecidos. Las investigaciones de los organismos de derechos humanos presentadas ante la justicia, sumadas a la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final en agosto de 2003, permitieron avanzar sobre nuevos delitos y sus responsables y cómplices en casos de lesa humanidad ahora en juicio. La apertura en la Fiscalía Federal 6 de la Capital Federal de una investigación sobre delitos de violencia sexual contra detenidos, hombres y mujeres, es un ejemplo. El avance de las causas –como la de apropiación de menores– también permitió establecer las responsabilidades de médicos que fraguaron falsos certificados de nacimiento, jueces que los avalaron y hasta jerarcas de la Iglesia que intervinieron para entregar bebés, que serán desde ahora nuevos temas en los que avanzará la justicia en sus investigaciones.

La semana pasada un juzgado bonaerense recibió la denuncia por el secuestro del abogado laboralista Carlos Moreno en 1976, y entre sus responsables además de un grupo de militares se menciona a una parte del directorio de la empresa Loma Negra, propiedad de la multimillonaria fallecida hace un mes Amalia Fortabat. "Este año vamos a investigar la complicidad empresaria en el terrorismo de Estado", anunció Hebe de Bonafini hace tres jueves en Plaza de Mayo.

La sentencia en el caso del juicio por robo de bebés será un paso central no sólo en el reclamo de justicia histórica de los organismos de derechos humanos y las familias de las víctimas; también es parte del reclamo de la presidenta Cristina Fernández a los jueces de "cerrar durante este mandato definitivamente las heridas del pasado", según dijo en su discurso de asunción el 10 de diciembre último.

El juicio se inició el 28 de febrero de 2011 y pasaron por los estrados judiciales más de cien testigos y los nietos recuperados por Abuelas. Entre las muchas pruebas documentales aportadas, un documento desclasificado por el Departamento de Estado estadounidense en 2002, resultó esclarecedor. Elliot Abrams, funcionario de Washington, le manifestó el embajador argentino Lucio García del Solar su preocupación por los niños nacidos en cautiverio y Del Solar reconoció que muchos de ellos fueron dados en adopción. El Movimiento Familiar Cristiano (mfc) fue otro de los nexos entre la jerarquía católica y los apropiadores, según se desprende de algunas cartas en las que se exige que quienes "se queden con los niños pertenezcan a la fuerza y sean católicos". El abanico de la justicia abre el juego.

(*) Publicado en la edición 1375 del semanario BRECHA (Uruguay), el viernes 30 de marzo de 2012.-